EL CONTRATO DE LOS INMIGRANTES

Desde luego, hay gente que no pisa el suelo. Mariano Rajoy, líder de la Oposición literal al gobierno de España, debe creer que los inmigrantes que a duras penas llegan a nuestras costas en pateras son unos señores que han dejado las empresas que tenían en su pueblo y han decidido abrir mercado en nuestra tierra. Algo así. Lo digo porque últimamente ha propuesto una majadería digna de la antología del disparate: el pretendido contrato que deberían firmar los inmigrantes nada más llegar, medio muertos de congelación y de sed, a las costas españolas.
Según el propio Rajoy, mediante este contrato el inmigrante se comprometerá a cumplir las leyes y a respetar las costumbres de los españoles, a aprender la lengua, a pagar sus impuestos y cotizaciones como todos los demás, a trabajar activamente para integrarse y a regresar a su país si durante un tiempo no lograra encontrar trabajo.
Para empezar es mucho suponer que pueda haber un control de inmigrantes tal que sea posible hacer firmar un contrato a todos los recién llegados. Los inmigrantes llegan de un modo legal o se cuelan por donde pueden. Por supuesto no se presentan ante una ventanilla después de viajar dos mil kilómetros junto a las ruedas de un camión y dicen: Buenas. Soy inmigrante. ¿Dónde hay que firmar ese documento que me obliga a un montón de cosas sin darme nada a cambio? Pero vayamos por partes.
PRIMERO. Que yo sepa, no es necesario que nadie firme un contrato para que esté obligado a cumplir unas leyes que, por cierto, se bastan por sí mismas para garantizar el respeto a los demás y el pago de impuestos y cotizaciones. Sugerir que los inmigrantes adquirirían los mismos derechos que los españoles después de firmar ese contrato es como decir que las leyes españolas no tratan a todos por igual.
SEGUNDO. Sé de empresarios alemanes e ingleses que tienen sus negocios en la costa catalana y no tienen ni idea de hablar en castellano ni en catalán. Lo cierto es que no lo necesitan y, además, nadie les ha dicho nunca nada al respecto. Sus cuentas están en manos de gestores españoles y su clientela, compuesta en su mayor parte por ingleses o alemanes, son turistas que hablan exclusivamente en sus lenguas maternas.
En cuanto a los que llegan de África en condiciones infrahumanas, ya hablaban más idiomas en su pueblo que el militante más políglota del Partido Popular. Conocen el idioma de su tribu, el de su clan, el de su familia, tal vez el swahili, algún otro que se me escapa y el del país europeo que colonizó a su pueblo en tiempos pasados. Ese bagaje idiomático les capacita para aprender cualquier otro idioma en un tiempo mínimo y muchísimo mejor que quien sólo habla el castellano y el inglés, pongo por caso. De modo que esos africanos medio salvajes no necesitan un contrato para lanzarse a hablar una lengua nueva. Hablar en castellano les resultará mucho más fácil que a cualquier niño nacido en Cataluña de cinco años a esta parte.
Naturalmente, uno se pregunta si entre los inmigrantes de los que habla Rajoy están los empresarios extranjeros o sólo se refiere a los que llegan hechos polvo y sin trabajo. Menciono el detalle porque la diferencia de trato llevaría a una desigualdad evidente, a una división entre inmigrantes de primera y de segunda. ¿Los extranjeros que fiche el Barça, por ejemplo, deberían firmar ese contrato humillante o no haría falta? ¿Y los japoneses contratados por las grandes empresas? Tan inmigrante es un doctor en física cuántica norteamericano como un congoleño cuya máxima aspiración es que le paguen por recoger manzanas.
TERCERO. Al pretender que los inmigrantes firmen un contrato comprometiéndose a cumplir las leyes, a pagar impuestos y a largarse si no encuentran trabajo, Rajoy está asociando los conceptos de inmigración y delincuencia. Supongo que para él es lo mismo porque, como cualquier nacionalista que se precie, está convencido de que todo lo malo viene del exterior.
CUARTO. Ahora le toca al turno a la parte más surrealista, la que se refiere a que los inmigrantes deberían volver a su país si, pasado un tiempo, no encuentran trabajo.
En primer lugar, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? ¿De un mes? ¿De un año? ¿Tendrán el mismo límite de tiempo los guineanos, que saben hablar en castellano por haber nacido en una antigua colonia española, y los rumanos, que, en principio, no tienen ni idea?
En segundo lugar me remito a la reflexión del principio. ¿Cree Rajoy que los inmigrantes gozan de tan buena situación en su país que, una vez que hayan visto la imposibilidad de abrir mercado para sus negocios en España, volverán tranquilamente a su tierra? ¿Y cómo volverán? ¿En otra patera?
Y en tercer lugar, ¿de qué sirve un contrato firmado por una persona que probablemente no existe en ningún registro civil y que ni siquiera sabe, no de qué país procede, sino lo que es un país? Después de haber formado parte de un gobierno —aunque fuese el de Aznar—, ¿Rajoy puede ignorar que el problema de las extradiciones está en que a veces no se sabe de qué países son los inmigrantes ilegales y en que, por lo tanto, nadie sabe dónde enviarlos de regreso?
Desde luego, como he dicho al principio, hay gente que no pisa el suelo. Pero que eso le suceda precisamente a un individuo que pretende gobernar un país es algo intolerable. Los españoles ya estuvimos suficientemente distanciados del gobierno con Aznar, que en cuanto alcanzó la mayoría absoluta no hizo caso a nadie y así nos lució el pelo. Creo que no nos merecemos que vuelva a pasarnos algo parecido.
(En la foto, uno de tantos inmigrantes que debería firmar el contrato propuesto por Rajoy. La imagen está extraída de villami.com)